La Sobremesa

El Gobierno nacional anunció una reforma clave en el sector de productos médicos de bajo riesgo, que apunta a reducir la burocracia, aumentar la competencia y mejorar los precios para los consumidores. A través de la Disposición 8899/25 de la ANMAT, firmada por su titular Agustina Bisio, se eliminó el histórico sistema de habilitaciones previas que obligaba a fabricantes e importadores a solicitar permisos complejos para comercializar elementos simples como gasas, muletas, curitas, termómetros digitales o sillas de ruedas.

Con el nuevo esquema, la habilitación de establecimientos pasa a ser automática mediante una declaración jurada digital que acredita las condiciones básicas del lugar y los datos del director técnico. La ANMAT podrá realizar controles ex post, pero ya no habrá demoras de meses o incluso más de un año para obtener la autorización. La habilitación no tendrá vencimiento y los únicos requisitos exigidos serán los estrictamente vinculados a la salubridad.

El objetivo central de la medida es derribar barreras que históricamente funcionaban como mecanismos de restricción de la competencia y creación de “rentas” o “kioscos” regulatorios. Según los funcionarios involucrados, la burocracia previa encarecía productos esenciales y limitaba el acceso de miles de argentinos a insumos básicos. Al simplificar el sistema, el Gobierno espera que más empresas puedan participar del mercado, bajen los costos y se trasladen mejores precios y mayor disponibilidad al consumidor.

La resolución fue resultado del trabajo conjunto entre el Ministerio de Salud, encabezado por Mario Lugones, la ANMAT y el Ministerio de Desregulación. Desde el lado de Salud participaron Horacio Ballesteros y el equipo técnico de la agencia reguladora; en Desregulación, el proceso fue impulsado por el secretario de Transformación, Maximiliano Fariña, y continuado por el secretario Alejandro Cacace, junto a Brenda Padilla y Ariel Pszemiarower. 

La iniciativa se alinea con la agenda de libertad económica impulsada por el presidente Javier Milei, que busca redirigir el rol del Estado hacia controles más eficientes en productos de alto riesgo y reducir la intervención en aquellos de bajo riesgo donde la burocracia sólo encarece y obstaculiza el acceso.