La Sobremesa

La Inspección General de Justicia, organismo que regula a las asociaciones civiles, señaló que la AFA no responde pedidos de información contable desde 2017 y busca cambiar de jurisdicción para evitar revisiones pasadas. 

La Inspección General de Justicia (IGJ) advirtió sobre presuntas irregularidades en los balances de la Asociación del Fútbol Argentino. Según detalló su titular, Daniel Roque Vítolo, al asumir en el organismo encontró siete pedidos de aclaración pendientes que van desde 2017 hasta 2023. “Nunca contestó las vistas, nunca dio las aclaraciones”, aseguró, al señalar que la entidad presentaba “cifras globales no desagregadas” bajo conceptos como “varios” y “otros gastos”. Solo en esos rubros, estimó, se acumularían unos 111 millones de dólares convertidos según el tipo de cambio de cada ejercicio.

Vítolo insistió en que la revisión no cuestiona la veracidad de los números, sino la falta de detalle. “Nadie está diciendo que hayan sido incorrectos ni los está impugnando. Lo único que se pide es que expliquen las cifras, cómo están compuestas”, explicó. Y ejemplificó la necesidad de precisión: “Si usted pone ‘selecciones nacionales’ por 40 millones de dólares, perfecto. Pero necesitamos que nos diga en qué se gastó: vuelos, hoteles, honorarios”. Pese a los reiterados pedidos, remarcó que la entidad “no ha contestado ninguna vista desde 2017”.

El funcionario también cuestionó la reciente decisión de la AFA de avanzar hacia un cambio de jurisdicción legal en la provincia de Buenos Aires. Según advirtió, la maniobra impediría revisar los ejercicios anteriores. “Al cambiarse de jurisdicción es como si empezaran una vida nueva. La jurisdicción nueva no revisa lo anterior porque no es competente. Entonces estas explicaciones de ocho años no se dan”, afirmó. Recordó, además, que la institución “no tiene los estados contables aprobados desde el año 2017”.

Aunque negó que exista una sospecha penal, Vítolo confirmó que la IGJ podría avanzar con medidas adicionales ante la falta de respuestas. “Ante la renuencia a explicar, podríamos tomar medidas para colocar una veeduría o iniciar una investigación”, indicó, dejando abierta la posibilidad de una intervención parcial mientras continúan las demandas de claridad financiera.