La Sobremesa

El Gobierno nacional dio un paso significativo para expandir el transporte eléctrico del país al habilitar la ejecución de obras prioritarias mediante el régimen de concesión de obra con participación de la inversión privada. La medida fue oficializada a través del Decreto 921/2025, con el objetivo de aliviar los cuellos de botella estructurales que hoy limitan el transporte de energía desde los centros de generación hacia los principales puntos de consumo.

Bajo este esquema, el sector privado podrá encargarse de la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura eléctrica sin comprometer recursos fiscales directos, aportando previsibilidad jurídica y sostenibilidad económica al proceso. La norma delega en la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía la ejecución de todo el proceso licitatorio, desde la aprobación de pliegos hasta la adjudicación de contratos.

Según voceros oficiales, la medida forma parte de una estrategia más amplia para fortalecer el sistema energético nacional, reducir el riesgo de interrupciones en el suministro y acompañar el crecimiento de la demanda. La participación del sector privado en obras clave permitiría destrabar inversiones largamente postergadas y robustecer un sistema clave para la seguridad energética y el desarrollo productivo del país.

Este paso también refleja el rol activo de licitaciones públicas nacionales e internacionales para definir las obras más relevantes de ampliación del sistema de transporte eléctrico. Se espera que la participación de capitales privados en infraestructura energética contribuya a mejorar la confiabilidad del servicio e impulsar proyectos estratégicos a nivel nacional, sin que el Estado tenga que asumir directamente los costos de inversión.