Según informó Infobae, el juez federal Sebastián Casanello resolvió procesar a trece personas en el marco de la denominada “Causa Guardapolvos”, una investigación que apunta a presuntas irregularidades en el manejo de más de $710 millones destinados a la confección de indumentaria escolar durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández.
La causa se centra en un convenio firmado en 2023 entre el entonces Ministerio de Desarrollo Social y la Cooperativa de Trabajo 15 de Julio Ltda., mediante el cual se acordó la producción de 165.000 guardapolvos para estudiantes de sectores vulnerables. El acuerdo fue rubricado bajo la gestión de Victoria Tolosa Paz y quedó bajo la órbita administrativa de la Secretaría de Articulación de Política Social.
Según la resolución judicial, existen inconsistencias significativas entre los fondos transferidos, la documentación presentada y la cantidad de prendas cuya entrega puede acreditarse. La cooperativa aseguró haber producido más de 160.000 unidades y el área estatal certificó la recepción de más de 115.000, pero el magistrado consideró que solo una porción menor cuenta con respaldo documental válido, lo que impide verificar con certeza el cumplimiento del contrato.
Entre los procesados se encuentra Leonardo Sebastián Moyano, exsecretario de Articulación de Política Social, señalado como responsable de firmar el convenio, autorizar pagos y validar entregas pese a las observaciones detectadas. También fueron alcanzados otros exfuncionarios que intervinieron en la tramitación administrativa y en los mecanismos de control del programa.
La investigación judicial también avanzó sobre las autoridades de la cooperativa adjudicataria y sobre responsables de entidades que habrían participado como subcontratistas. Para el juez, no quedó acreditado que la cooperativa contara con capacidad operativa propia para afrontar un encargo de esa magnitud ni que hubiese empleado a sus asociados en la confección de las prendas. Tampoco se logró establecer una trazabilidad clara del dinero transferido.
Uno de los puntos que despertó mayores cuestionamientos fue el plazo previsto para cumplir el contrato: once días para producir la totalidad de los guardapolvos comprometidos. El magistrado consideró que esa exigencia resulta difícil de compatibilizar con la estructura declarada por la cooperativa y con los volúmenes de producción informados.
Además, la resolución señala que no se aportaron comprobantes suficientes que vinculen los pagos efectuados con tareas efectivas de confección textil. Las explicaciones brindadas sobre una eventual producción en talleres informales no estuvieron acompañadas por documentación respaldatoria.
Como consecuencia de las presuntas maniobras, el juez entendió que el Estado pudo haber sufrido un perjuicio económico directo al desembolsar fondos públicos sin la correspondiente acreditación de la contraprestación. También remarcó el impacto social del caso, dado que los guardapolvos estaban destinados a alumnos de escuelas públicas.
En este contexto, Casanello dispuso embargos millonarios sobre los bienes de los imputados, inhibiciones generales, congelamiento de cuentas y prohibición de salida del país, aunque descartó la prisión preventiva al considerar que no existen riesgos procesales que la justifiquen.
La investigación se inició a partir de una denuncia impulsada por el Ministerio de Capital Humano, que detectó irregularidades al revisar el programa. El expediente continúa su curso mientras se profundizan las medidas de prueba para determinar el destino final de los fondos y el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados.
La Sobremesa 
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