El Inventario Nacional de Glaciares se mantiene como herramienta central, con actualizaciones dinámicas a partir de las provincias, y se sostiene el enfoque precautorio junto con la participación ciudadana en línea con el Acuerdo de Escazú.

El proyecto de la Ley de Glaciares incluye ajustes en el sistema de control que buscan mejorar su funcionamiento sin modificar sus principios centrales. En este sentido, se mantiene el Inventario Nacional de Glaciares como herramienta clave para la identificación y protección de las áreas alcanzadas por la normativa.

La iniciativa introduce un esquema más dinámico, en el que el inventario se actualizará a partir de la información que aporten las provincias sobre qué zonas cumplen una función hídrica relevante. De esta manera, se busca que el instrumento refleje con mayor precisión la realidad del territorio y permita una gestión más eficiente.

Al mismo tiempo, se preserva el enfoque precautorio del sistema: toda área incluida en el inventario continuará siendo considerada protegida, garantizando la continuidad de los criterios ambientales vigentes.

El proyecto también contempla instancias de participación ciudadana en el proceso de discusión y aplicación de la norma, en línea con los compromisos asumidos en el Acuerdo de Escazú. Este punto apunta a asegurar la transparencia y la inclusión de distintos actores en la toma de decisiones ambientales.

Desde el oficialismo destacan que estos cambios buscan fortalecer la aplicación de la ley, mejorar la calidad de la información disponible y asegurar un equilibrio entre protección ambiental y gestión eficiente de los recursos.

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