El esquema de defraudación que derivó en la prisión preventiva de un médico y un enfermero por suministro ilegal de estupefacientes y ejercicio ilegal de la medicina salió a la luz a partir de los controles que realiza PAMI.
El subdirector ejecutivo del organismo, Carlos Zamparolo, explicó que el Instituto audita de manera sistemática: «Nosotros realizamos periódicamente, este no es el único caso, auditorías basadas en un segmento de cantidad de prácticas por profesional».
Sobre la gravedad de la maniobra, el funcionario fue contundente: «este es un caso especial, porque hasta hacía prestaciones para fallecidos». Y detalló el criterio con el que se detectan estos desvíos: «ponemos umbrales donde en el sistema nos sale que no pueden tener tanta cantidad de consultas, tanta cantidad de prácticas», controles que no se activan solo por la exageración en los números, «sino por criterio médico».
Zamparolo remarcó que el afiliado puede advertir el problema en su vida cotidiana: «cuando va a hacer uso de su servicio a través de su orden médica electrónica y le dicen que no se puede, es porque alguien más la hizo».
El subdirector explicó además los mecanismos con los que el organismo busca reparar el daño: «donde nosotros lo detectamos rápidamente hacemos débitos», mientras que en los casos más graves, una vez dada de baja la prestación, «ya viene la reparación penal».
Por último, enmarcó el caso en el cambio de modelo del Instituto y en la continuidad de los controles: «El mes pasado dimos de baja 70 médicos de cabecera, con las mismas prácticas, en menor medida, por supuesto, pero solamente en un mes 70».
La Sobremesa 
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