La Ley Malvinas propone un cambio de enfoque al incorporar consecuencias económicas y legales para las actividades realizadas sin autorización argentina. La iniciativa contempla multas en barriles de petróleo, inhabilitaciones y penas de hasta 20 años, además de nuevas herramientas de control sobre buques y espacios marítimos.
El Gobierno envió al Congreso la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional con el objetivo de ampliar las herramientas frente a actividades no autorizadas en Malvinas y el Atlántico Sur. El proyecto propone pasar de un régimen concentrado principalmente en la explotación de hidrocarburos a otro que alcanza al conjunto de los recursos naturales, incluida la pesca, y extiende la responsabilidad a quienes financien, controlen o presten servicios esenciales para esas operaciones.
El cambio se produce después de años en los que el reclamo diplomático convivió con limitaciones materiales y normativas. En 2023, por ejemplo, la Armada continuaba sin recuperar su capacidad submarina tras la pérdida del ARA San Juan y varios programas de reequipamiento permanecían pendientes, aunque el entonces Ministerio de Defensa cuestionaba algunas estimaciones sobre el nivel de inversión militar.
La nueva iniciativa incorpora consecuencias económicas directas. Las actividades alcanzadas pueden recibir multas equivalentes al valor de entre 4.000 y 500.000 barriles de petróleo e inhabilitaciones de cinco a 20 años. Estas últimas pueden impedir desarrollar actividades económicas en la Argentina, mantener determinados permisos o contratar con organismos públicos.
El proyecto suma además penas de prisión que pueden alcanzar los 20 años para determinadas conductas relacionadas con la explotación no autorizada de recursos. Para las personas jurídicas también contempla suspensiones para contratar con el Estado o desarrollar actividades por hasta 30 años, además de otras sanciones según la gravedad de la infracción.
Las medidas se complementan con un nuevo procedimiento de control marítimo que establece instancias de identificación, detención e inspección de embarcaciones y regula el uso gradual de la fuerza bajo condiciones específicas. De aprobarse, la ley concentrará así sanciones económicas, consecuencias penales y nuevas facultades operativas dentro de una estrategia destinada a ampliar las herramientas del Estado para proteger sus intereses soberanos.
La Sobremesa 
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