El Gobierno ha revocado mediante resolución oficial el fondo asignado al financiamiento de pasajes sin cargo en el transporte público para personas con discapacidad y niños con cáncer. Simultáneamente, confirmó que el derecho a la gratuidad se mantiene vigente y sigue siendo judicialmente exigible.

El oficialismo argumentó que «las prestaciones de compensación establecidas en normativas previas no tienen respaldo adecuado en términos presupuestarios y legales para su continuidad». La medida busca replantearse la forma en que se canalizan estos beneficios esenciales.

El Estado aseguró que el derecho a viajar sin costo en transporte público permanece intacto como derecho fundamental. La eliminación del fondo anterior no suprime la responsabilidad estatal de efectivizar esta prestación para colectivos vulnerables.

Organizaciones especializadas en defensa de derechos de personas con discapacidad manifestaron preocupación sobre el impacto operacional de este cambio. Alertaron que modificaciones en los esquemas de financiamiento podrían generar trabas prácticas en el acceso al beneficio.

Leyes nacionales de jerarquía superior garantizan como derecho la movilidad sin costo para estas poblaciones que históricamente enfrentaron marginación. En años recientes, este beneficio ha sido un pilar fundamental para fortalecer políticas de inclusión social.

Voceros del Ejecutivo aclararon que la derogación del fondo no implica la cancelación velada del derecho. Subrayaron que buscan reestructurar el financiamiento de manera que sea viable y sustentable en el tiempo.

Se anticipa que brevemente el Gobierno dará a conocer los detalles del nuevo sistema de financiamiento que sustituirá al fondo derogado.

Imagen: http://www.kaboompics.com / Pexels – Con informacion de La Nación

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