La medida de fuerza impulsada por CTERA en el sector docente produjo adhesiones heterogéneas en las escuelas de la Ciudad y el conurbano. Mientras algunos establecimientos optaron por cerrar, otros continuaron con su funcionamiento habitual o parcial, generando un panorama fragmentado en toda la región.
Simultaneamente, desde ciertos espacios educativos se dictaron instrucciones para que el personal no facilitara datos a los inspectores nacionales. Esta acción obedece a la estrategia de fiscalización que despliega el Gobierno para monitorear que se respete el piso mínimo del 75% de asistencia del personal en las instituciones.
El Gobierno nacional ejecuta operativos de inspección orientados a verificar que, más allá de cualquier paro, exista suficiente presencia de maestros y directivos garantizando el cumplimiento de funciones educativas esenciales. Esta política busca limitar el impacto de las medidas de protesta en la población estudiantil.
La instrucción de no brindar información a los inspectores representa un acto de desafío frente a la supervisión estatal. Expresa las tensiones profundas entre la acción gremial docente y las políticas del Gobierno respecto a cómo gestionar la continuidad educativa durante conflictos laborales.
La diversidad en el acatamiento pone en evidencia que diferentes actores educativos —directivos, docentes, autoridades locales— evaluaron de modo distinto la pertinencia de participar en la medida convocada por CTERA. No hubo cohesión absoluta en el sector.
Para los estudiantes y sus familias, los efectos fueron variados y confusos. Algunos concurrieron a escuelas que funcionaban parcialmente, otros encontraron establecimientos cerrados, y algunos asistieron a clases normales. La incertidumbre sobre qué sucedería en cada institución marcó la jornada de conflictividad en el sistema educativo.
Imagen: Elizabeth Lizzie / Pexels – Con informacion de Clarín
La Sobremesa 
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