Recursos que por ley deben destinarse a obras contra inundaciones están siendo canalizados hacia el financiamiento general del Tesoro, en lugar de ejecutarse en infraestructuras de prevención. Este desvío revela una brecha fundamental entre lo que la normativa establece y lo que efectivamente se realiza en materia presupuestaria.
La disponibilidad de fondos no es el obstáculo. El problema es la ausencia de decisión política para utilizarlos conforme a lo mandatado legalmente. Así lo demuestran análisis de la asignación presupuestaria que documentan este fenómeno de desvío de recursos.
En momentos de presión fiscal, es común que fondos etiquetados sean reasignados hacia otras necesidades del erario público. Sin embargo, esto implica el incumplimiento de obligaciones establecidas en leyes específicas. En este caso, la contención de inundaciones queda postergada mientras el Tesoro recibe financiamiento de una fuente que debería estar dedicada a infraestructura preventiva.
Lo que resulta es un cuadro de «superávit de maquillaje» combinado con «déficit de obras». Hay comunicación de gestión sin correlato en hechos concretos. Los anuncios sobre prevención de desastres hídricos no encuentran materialización en proyectos ejecutados.
Las consecuencias recaen sobre territorios vulnerables. Las regiones históricamente afectadas por inundaciones permanecen expuestas a eventos climáticos extremos. Sin obras de contención, sistemas de drenaje mejorados o infraestructuras preventivas, estas comunidades siguen enfrentando riesgos periódicos.
Esta situación plantea interrogantes sobre cómo se implementan las políticas públicas y cómo se respetan los mandatos legislativos en la administración estatal. Cuando recursos específicamente asignados a un objetivo son desviados, se genera un vacío que deja sin resolver problemas que afectan directamente a la población y la economía local.
Imagen: Kindel Media / Pexels – Con informacion de Clarín Rural
La Sobremesa 
Deja un comentario