La Sobremesa

El estudio de Martín Reibel Maier, exfuncionario y excompañero de colegio de Máximo Kirchner, recibió $126,7 millones más IVA por trabajos vinculados a un complejo proyectado en Tres de Febrero. El predio estatal, de unas 8 hectáreas, había sido cedido gratuitamente a la UOM durante el último tramo del gobierno de Alberto Fernández. El complejo finalmente no se concretó.

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) pagó $126.787.567 más IVA al estudio integrado por Martín Reibel Maier y Andrea Mercado para realizar trabajos arquitectónicos vinculados al denominado Nuevo Polo Multifuncional UOM, previsto para un terreno estatal ubicado en Tres de Febrero.

Reibel Maier es señalado por la publicación como militante de La Cámpora, fue vicepresidente de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) entre 2012 y 2015 y compartió su etapa escolar con Máximo Kirchner en Río Gallegos. Posteriormente ocupó otros cargos en organismos y empresas estatales.

El proyecto estaba previsto sobre un terreno de aproximadamente 80.000 metros cuadrados perteneciente al Estado, que fue desafectado y entregado a la UOM mediante un “permiso precario y gratuito” durante el último trimestre de 2023. Allí se proyectaban un centro de convenciones, aulas de capacitación, espacios deportivos, talleres, estacionamientos y otros edificios.

La contratación del estudio había comenzado en julio de 2023. Posteriormente, el 1° de febrero de 2024, la conducción de la UOM aceptó una nueva propuesta para desarrollar el “anteproyecto avanzado” y los planos de los edificios previstos, trabajos por los que se desembolsaron los más de $126 millones.

Sin embargo, el complejo nunca llegó a concretarse. En abril de 2024, el entonces intendente de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, intimó al sindicato a detener cualquier obra al considerar que el destino previsto para el inmueble era incompatible con la zonificación municipal. También cuestionó las condiciones en las que se había realizado la cesión del terreno estatal.

El caso vuelve a poner bajo análisis una operación que combinó la cesión gratuita de un inmueble estatal de ocho hectáreas, un contrato superior a $126 millones más IVA y un proyecto que finalmente no avanzó.